Hace unos días nos hacíamos eco de la presentación por el Grupo Parlamentario Socialista de una enmienda para posibilitar la expulsión de okupas en 48 horas y ya advertíamos de que no teníamos muy claro que no pudiera ser puenteada por las mafias de la okupación.
Pues bien, como imaginábamos, esta medida no parece distar mucho de lo propuesto por la orden de la fiscalía que ya funcionaba hace unos meses y que tampoco ofrecía una solución óptima para los dueños de inmuebles ocupados. Lo peor: que adolece del mismo defecto.
No se podrá desalojar a personas «vulnerables»
Tal y como se ha hecho eco varios medios, la propuesta contiene una serie de trampas que de facto evitarían la aplicación de este breve espacio de tiempo, dado que no afectarán a personas vulnerables, de manera que cuando el okupa no disponga de ingresos (declarados) o haya un menor o un incapaz, el desalojo rápido quedará en nada.
Así, el portavoz del Sindicato Jupol de Policía Nacional, declaraba el pasado día 25 que la mayoría de okupas «son personas que no tienen ningún tipo de ingresos, así que se les podría considerar vulnerables», sin que dependa de los Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado determinar la vulnerabilidad o no del okupa, de manera que no podrán llevar a cabo el desalojo. Este simple detalle ya hecha por tierra toda la rapidez que se «pretendía» dar al desahucio por allanamiento de morada o usurpación.
¿A quién compete determinar que el okupa es vulnerable?
Según comenta la abogada Isabel Gambín a Libremercado.com, en el supuesto de alegarse vulnerabilidad, deberán ser los Servicios Sociales quienes determinen si se cumplen los requisitos para que pueda considerarse como tal, pero siempre a requerimiento del Juez, que deberá solicitarlo mediante oficio.
Llegados a este punto nos encontramos con 2 administraciones absolutamente saturadas, la primera de ellas, la de Justicia, que tendrá que remitir un oficio a Servicios Sociales y ésta, a su vez, que tendrá que emitir un informe a la vista de los documentos que tenga en su poder o las indagaciones que estime oportunas. Es imposible, a juicio de todos los expertos, que puedan realizar esta labor en plazo.
Demostrar que el okupa no es vulnerable
Comenta igualmente la señora Gambín que aunque pudiéramos demostrar que el okupa trabaja en negro, no hay acceso a nóminas u otros documentos que puedan acreditar un salario, de manera que resulta imposible demostrar sus ingresos o, lo que es lo mismo, resulta imposible demostrar que no es vulnerable.
Una vez mas, queda claro que la Ley en España resulta tan garantista para el delincuente que en muchos casos beneficia a quien la incumple a costa de quien condenar doblemente a quien ha sufrido el perjuicio. Habrá que ver la evolución, pero si la reforma sale adelante (necesita el apoyo de Unidas Podemos, que está en contra) quizá sea aplicable en algún caso concreto, aunque parece difícil. Una raya en al agua, en definitiva.
La posición contraria de Unidas Podemos
Mientras el PSOE introduce esta enmienda su socio de Gobierno, Unidas Podemos, sale por los cerros de Úbeda posicionándose en contra de la medida y justificando su posición en que lo que realmente necesita el país es una Ley de Vivienda que reduzca el precio de los alquileres pues para ellos «el problema no es la okupación sino la subida abusiva del precio de los alquileres», en palabras de su diputado Rafael Mayoral. Al parecer, para Unidas Podemos es incompatible aprobar una ley que permita desalojar okupas mientras no se tope el precio de los alquileres, aún cuando la enmienda ni siquiera vaya en contra de los inquilinos morosos o los ahora denominados inquiocupas.
